En una lucha aún fuera del radar de la opinión pública, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales intentan evitar que los proyectos de extracción de combustibles fósiles en la selva brasileña repitan los desastres experimentados en Ecuador y Perú.
En abril de 2020, mientras el mundo entero presenciaba, asustado, el avance de la pandemia de covid-19, 35.000 indígenas del pueblo kichwa de la Amazonía ecuatoriana fueron obligados a enfrentar un nuevo desastre en sus tierras.
«Los jóvenes salieron a pescar temprano en la mañana y cuando regresaron, sus cuerpos estaban cubiertos de petróleo», cuenta a El País el presidente de la comunidad kichwa de Panduyaku, Olger Gallo. El petróleo se había extendido rápidamente a lo largo de los ríos Napo y Coca después de la ruptura de tres tuberías que conforman el Sistema de Oleoductos Transecuatorianos (SOTE) y el Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan petróleo crudo desde la Amazonía hasta la capital de la nación.
En un momento en que la pandemia requería el aislamiento de todos y castigaba la economía, las comunidades indígenas de la región, ya socialmente vulnerables, perdieron su fuente de alimentos y agua durante meses. Los niños que se bañaban en los ríos afectados, antes de enterarse del derrame de crudo, tenían enfermedades estomacales y de la piel, y todo el pueblo tuvo que soportar la contaminación de sus sitios sagrados y la ruptura no deseada de sus tradiciones.
Desde entonces, los kichwa han reclamado, sin éxito, indemnización por los daños. La petrolera estatal PetroEcuador y la compañía privada que administra el oleoducto, OCP Ecuador, evaden sus responsabilidades mientras el gobierno del país intenta seguir como si nada hubiera pasado.
Este lamentable episodio es solo uno de los muchos casos de derrames de petróleo registrados en los últimos años en la Amazonía de Ecuador y en países vecinos como Perú y Colombia. Con respecto a Brasil, este conjunto de tragedias se puede interpretar como un avance de la película que veremos si no tomamos medidas para mantener, cuanto antes, nuestra Amazonía en una zona libre de extracción de hidrocarburos.
En primera línea para salvar la selva tropical, están las comunidades indígenas, como los Huni Kuin, del estado de Acre, y los Mura, del Amazonas.
Con la tarea de salvar la selva tropical más grande del planeta del daño potencial de los combustibles fósiles, están en primera línea las comunidades indígenas, como los Huni Kuin, del estado de de Acre, y los Mura, del Amazonas. Estos son algunos de los pueblos ya afectados o potencialmente afectados por las compañías del sector, interesadas en realizar proyectos colonialistas alrededor de los territorios indígenas.
Los Huni Kuin sufren la amenaza de que las áreas cercanas a sus territorios se ofrezcan para explotación, como ocurrió con el Vale do Javari. En 2013, cuando la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) intentó subastar bloques de hidrocarburos en esta región, las comunidades alrededor de las áreas hicieron campaña, con el apoyo de las ONGs, para decir que no aceptarían dicha agresión. Han logrado evitar la realización de la subasta, pero temen que lo vuelvan a intentar. Los Mura, de la provincia de Amazonas, fueron obligados a ver pedazos de bosque arrasados cerca de sus territorios, debido a las operaciones extractivas ya en marcha en medio de la selva.
Los líderes de estos pueblos han estado tratando de advertir a la sociedad que necesitamos prevenir este desastre socioambiental en el bioma del que los brasileños tanto se enorgullecen, pero el tema todavía está fuera del radar de la mayoría de los ciudadanos y la prensa.
En el gobierno de Bolsonaro, las agresiones habituales a la supervivencia de los pueblos indígenas y el bioma amazónico, que vienen de hace décadas y nunca se han enfrentado con el rigor que deberían, se exacerbaron hasta tal punto que es difícil prestar atención a cualquier nueva amenaza. Así mismo, la historia de los hidrocarburos en la Pan-Amazonía es tan desastrosa que requiere atención y acción de aquellos que se preocupan por el medio ambiente.
En el caso de las personas que viven en el Amazonas, el tercer mayor productor de gas natural en Brasil, el riesgo ya es evidente. Petrobras opera el polo Urucu en el estado, conectado a la ciudad de Manaus por un gasoducto de 660 kilómetros que cruza vastas extensiones de bosque y ríos, en una región salpicada por unidades de conservación y tierras indígenas.
Hace poco, compañías privadas como la rusa Rosfnet y Eneva, de Rio de Janeiro, comenzaron a apostar por la expansión de la explotación de hidrocarburos en el estado de Amazonas, una estrategia bastante cuestionable desde una perspectiva socioambiental. En septiembre de 2021, la compañía brasileña inauguró la Unidad de Tratamiento de Gas Azulão, en Silves, la primera área productora de gas natural en la cuenca del río Amazonas.
Anunciada por la compañía como un gran avance en una declaración a sus accionistas, la embestida animó al jefe Jonas Mura, del pueblo Mura de Amazonas, a participar aún más asertivamente en las protestas por la defensa de los territorios indígenas de la región.
En noviembre de 2021, durante la COP26, la mayor reunión climática de la ONU, Mura y activistas de la 350.org organizaron una protesta delante de la sede del banco BTG Pactual en la avenida Faria Lima, en São Paulo. El objetivo era exigir que la entidad financiera, que cuenta con el 21,53 % de Eneva, se deshiciera de estos activos, perjudiciales para las comunidades locales y el planeta.
«Financian a estas empresas que llegan a nuestros territorios y luego empiezan a deforestar, y cuando llegan a los ríos contaminan las aguas. Los peces en las aguas se están alejando y las cacerías del bosque también. Todo esto ha afectado directamente a nuestra población, que tiene 1.500 indígenas en el municipio de Silves», cuenta Mura durante la manifestación.
El BTG Pactual, que se anuncia como un banco preocupado por lograr altos estándares socioambientales y de gobernanza (ESG, por su sigla en inglés), recibió una carta entregada por Mura el día de la protesta, pero desde entonces no ha hecho nada para separarse de la destrucción de la Amazonía.
Es importante recordar que no solo algunas empresas multimillonarias están conspirando con esta irresponsabilidad, sino también el propio gobierno de Brasil, ya que la ANP ha incluido bloques ubicados en la Amazonía en algunas de sus últimas subastas de áreas de explotación.
En diciembre de 2020, por ejemplo, se ofrecieron al sector privado 16 bloques en la cuenca amazónica. En su momento, la prensa informó de un estudio de 350.org que señalaba que la producción de petróleo y gas en estos lugares puede causar o agravar considerables impactos socioambientales, como deforestación, invasiones y conflictos, en 47 tierras indígenas y 22 unidades de conservación. La ANP ignoró el estudio y mantuvo los bloques disponibles. Docenas de otros bloques en el bioma todavía están disponibles a través del sistema de suministro permanente.
Es importante recordar que no solo algunas empresas multimillonarias están conspirando con esta irresponsabilidad, sino también el propio gobierno de Brasil, ya que la ANP ha incluido bloques ubicados en la Amazonía en algunas de sus últimas subastas de áreas de explotación.
El menosprecio de las autoridades con la Amazonía es también lo que impulsa a los Huni Kuin a manifestarse. El presidente de la Federación de los Pueblos Huni Kuin de Acre, Ninawá Huni Kui, ha llevado a espacios de debate, en Brasil y en el extranjero, su advertencia sobre la necesidad de frenar la explotación de combustibles fósiles en todo el mundo, utilizando la selva amazónica como el máximo ejemplo de esto.
En COP26, entrevistas con la prensa internacional y conferencias organizadas por las principales universidades, Ninawá denunció que en la Panamazonía los gobiernos y las compañías utilizan tácticas para dividir y conquistar a las comunidades indígenas, como prometer ganancias financieras irreales o atacar el estilo de vida indígena como si fuera un obstáculo para el progreso.
Lo que los partidarios de la hecatombe climática no saben o no quieren aceptar es que la gran mayoría de los pueblos indígenas que viven en las tierras indígenas de la Amazonía no están dispuestos a aceptar, por cualquier suma de dinero, los impactos que el petróleo y el gas pueden causar. Para los pueblos originarios, el bosque no es un recurso negociable, sino la fuente de la vida y el significado mismo de ella. Así que los indígenas continuarán resistiendo la locura de un mundo basado en los combustibles fósiles y la deforestación.
El profundo sentido de colectividad e integración con el medio ambiente son pilares fundamentales de la existencia de los pueblos indígenas. Valores que son, además, la clave para que la sociedad brasileña empiece a conservar, valorar y promover el desarrollo real de la Amazonía, con el bosque en pie, los derechos indígenas protegidos y la vida preservada de los impactos destructivos de la explotación de hidrocarburos.
Los artículos de opinión son de responsabilidad de su autor.